El gobierno y la oposición de Venezuela exploran una cooperación para defender los activos del país ubicados en Estados Unidos. Esta acción se produce tras el reconocimiento oficial por parte de Washington de Delcy Rodríguez como presidenta interina, lo que ha generado dudas sobre quién puede representar legalmente al país en tribunales estadounidenses.
Los abogados de ambas facciones solicitaron a la jueza magistrada de Manhattan, Sarah Netburn, suspender durante 45 días los casos presentados por acreedores que buscan incautar fondos vinculados a Venezuela. Esta pausa tiene el objetivo de permitir que las partes coordinen su estrategia legal.
Esta posible colaboración representa una excepción en un contexto de profunda crisis política y económica venezolana, en la que rivales políticos priorizan la protección de estos activos. El control de los recursos petroleros vinculados a estos activos posee un valor financiero y geopolítico estratégico importante.
Los activos en disputa incluyen miles de millones de dólares relacionados con ingresos petroleros venezolanos, que los acreedores intentan embargar debido a los impagos de deuda y la crisis económica. El reconocimiento de Rodríguez por EE.UU. añade complejidad a las reclamaciones sobre la propiedad y aumenta la presión internacional.
Los expertos advierten que los litigios prolongados sobre estos activos podrían desestabilizar mercados financieros y afectar los mercados petroleros globales. Los resultados de este acuerdo de defensa conjunta influirán en las dinámicas políticas y el respaldo internacional a Venezuela.
