Un ataque aéreo pakistaní el 16 de marzo impactó un centro de rehabilitación de drogas en Kabul, matando al menos a 411 personas, incluyendo pacientes y personal. Este evento es uno de los más mortíferos en la capital afgana en años recientes.
Funcionarios afganos confirmaron el número de víctimas, mientras un representante de Naciones Unidas verificó al menos 250 muertos y aún hay personas desaparecidas. Las víctimas eran ciudadanos comunes en tratamiento, intensificando la indignación a nivel nacional e internacional.
El ataque agrava la crisis humanitaria y de seguridad en Kabul, exponiendo los peligros constantes que enfrentan los civiles debido a las operaciones militares transfronterizas entre Pakistán y militantes afganos. La debilidad de las protecciones civiles queda al descubierto.
El centro atacado estaba lleno de pacientes recuperándose de adicciones, una infraestructura sensible cuya destrucción detiene los esfuerzos contra el narcotráfico y la ayuda a poblaciones vulnerables. La magnitud de las pérdidas sugiere fallos graves en inteligencia o negligencia hacia la vida civil.
Familias de las víctimas, como Samira Muhammadi, quien perdió a su hijo, exigen una investigación internacional para responsabilizar a los culpables. El atentado eleva tensiones entre Pakistán y Afganistán, aumentando el riesgo de escalada si no se toman medidas globales.
