El gobierno japonés ha incrementado drásticamente las deportaciones de extranjeros indocumentados, provocando miedo entre los solicitantes de asilo y residentes de larga duración. Según cifras oficiales, en 2025 fueron escoltados y deportados forzosamente 318 extranjeros, un aumento del 30% respecto al año anterior. Organizaciones de derechos humanos advierten que esta política agresiva entra en conflicto con las obligaciones internacionales de Japón para proteger a los refugiados.
Este aumento responde al Plan Cero Residentes Extranjeros Ilegales (Plan Cero), una iniciativa gubernamental destinada a eliminar a los migrantes indocumentados. La iniciativa refleja la insistencia de Tokio en mantener un control migratorio estricto, en respuesta a presiones internas para reducir la migración irregular.
Desde un punto de vista estratégico, esta política muestra la prioridad de Japón en la aplicación de leyes migratorias sobre los aspectos humanitarios, lo que podría tensar las relaciones internacionales con países proveedores de refugiados y organismos multilaterales. Además, plantea dudas sobre la disposición japonesa para aceptar solicitudes de asilo.
Técnicamente, el aumento de deportaciones incluye un reforzamiento del control fronterizo, cooperación entre agencias migratorias y policiales, y mayor vigilancia para identificar a residentes indocumentados. El Plan Cero muestra la postura estricta de Japón mediante el uso de mecanismos legales para acelerar las expulsiones.
De cara al futuro, esta escalada podría disuadir a los solicitantes de asilo y aumentar la población migrante en la clandestinidad, generando inseguridad en las comunidades extranjeras. También puede desencadenar críticas internacionales y exigir que Japón equilibre la aplicación de la ley con sus obligaciones legales hacia los refugiados.